La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lanza ‘El desafío de informar en Colombia’, un informe anual referido al estado de la libertad de prensa en el país a lo largo de 2007. Desde 1998, la FLIP monitorea y documenta, a través de su Red de Alertad y Protección a Periodistas (RAP), las agresiones contra la prensa.
‘El desafío de informar en Colombia’ compila los datos obtenidos a lo largo del año que finalizó y ofrece un panorama revelador sobre la situación que atraviesa el periodismo en nuestro país.En total, en 2007 se reportaron 162 violaciones a la libertad de prensa, lo que implicó casi una agresión contra el periodismo cada dos días. De ellas, más del 50% revistieron la forma de amenazas que recibieron los comunicadores con motivo de su tarea informativa. La gravedad de estos hechos incluso llevó a 16 periodistas a abandonar sus lugares de origen, y así sumarse al gran número de personas que se desplaza dentro del país.
En cuanto a los asesinatos de periodistas, el año pasado se contabilizaron dos. En enero de 2007, en Istmina, Chocó, fue reportado el homicidio del periodista y abogado Elacio Murillo Mosquera; mientras que en septiembre del mismo año, en Cartago, Valle, fue encontrado muerto el periodista Javier Darío Arroyave. La muerte de ambos comunicadores tuvo su origen aparentemente en sus actividades periodísticas.Además de amenazas y asesinatos, los profesionales de la información fueron principalmente víctimas de tratos inhumanos o degradantes, y obstrucciones al trabajo periodístico. En general, los autores de estos actos se mantienen como desconocidos; ni los periodistas pudieron suponer quién pudo agredirlos, ni las autoridades pudieron identificar de donde provinieron las agresiones.
En segundo lugar, como presuntos autores de las violaciones a la libertad de prensa, aparecen los grupos armados paramilitares. Alrededor del 19% de las agresiones recibidas por periodistas provendrían de estos grupos, a pesar de que el año pasado se cumplieron cuatro años del inicio del proceso de desmovilización y dos de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz. Más abajo, en la lista de presuntos autores, aparecen la guerrilla de las FARC, los ciudadanos particulares, los funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública. Estos dos últimos actores se mencionan como autores del 21% de las violaciones a la libertad de prensa.
Lo grave de la situación: en ciertos casos aparecen como presuntos autores de actos a los que usualmente recurren los grupos armados ilegales, como amenazas y tratos inhumanos o degradantes contra la prensa. Para contrarrestar estos hechos, el gobierno cuenta con un programa de protección a periodistas dentro del Ministerio del Interior. Sin desconocer las labores que este programa lleva adelante, la FLIP observa que se presentan irregularidades que atentan contra la seguridad de la prensa, como las demoras o incumplimientos totales o parciales en la implementación de medidas de protección para los periodistas.
Toda esta información se encuentra con detalle en ‘El desafío de informar en Colombia’. A partir de este informe, la FLIP pretende llamar la atención sobre las autoridades, para que se desarrollen tareas preventivas y se sancione a los autores de estos hechos; sobre las organizaciones que procuran la protección de la libertad de prensa, para que unan sus esfuerzos en su labor; y sobre la sociedad en general, a fin de dar a conocer la situación que padecen quienes día a día afrontan el desafío de informar en Colombia.
‘El desafío de informar en Colombia’ compila los datos obtenidos a lo largo del año que finalizó y ofrece un panorama revelador sobre la situación que atraviesa el periodismo en nuestro país.En total, en 2007 se reportaron 162 violaciones a la libertad de prensa, lo que implicó casi una agresión contra el periodismo cada dos días. De ellas, más del 50% revistieron la forma de amenazas que recibieron los comunicadores con motivo de su tarea informativa. La gravedad de estos hechos incluso llevó a 16 periodistas a abandonar sus lugares de origen, y así sumarse al gran número de personas que se desplaza dentro del país.
En cuanto a los asesinatos de periodistas, el año pasado se contabilizaron dos. En enero de 2007, en Istmina, Chocó, fue reportado el homicidio del periodista y abogado Elacio Murillo Mosquera; mientras que en septiembre del mismo año, en Cartago, Valle, fue encontrado muerto el periodista Javier Darío Arroyave. La muerte de ambos comunicadores tuvo su origen aparentemente en sus actividades periodísticas.Además de amenazas y asesinatos, los profesionales de la información fueron principalmente víctimas de tratos inhumanos o degradantes, y obstrucciones al trabajo periodístico. En general, los autores de estos actos se mantienen como desconocidos; ni los periodistas pudieron suponer quién pudo agredirlos, ni las autoridades pudieron identificar de donde provinieron las agresiones.
En segundo lugar, como presuntos autores de las violaciones a la libertad de prensa, aparecen los grupos armados paramilitares. Alrededor del 19% de las agresiones recibidas por periodistas provendrían de estos grupos, a pesar de que el año pasado se cumplieron cuatro años del inicio del proceso de desmovilización y dos de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz. Más abajo, en la lista de presuntos autores, aparecen la guerrilla de las FARC, los ciudadanos particulares, los funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública. Estos dos últimos actores se mencionan como autores del 21% de las violaciones a la libertad de prensa.
Lo grave de la situación: en ciertos casos aparecen como presuntos autores de actos a los que usualmente recurren los grupos armados ilegales, como amenazas y tratos inhumanos o degradantes contra la prensa. Para contrarrestar estos hechos, el gobierno cuenta con un programa de protección a periodistas dentro del Ministerio del Interior. Sin desconocer las labores que este programa lleva adelante, la FLIP observa que se presentan irregularidades que atentan contra la seguridad de la prensa, como las demoras o incumplimientos totales o parciales en la implementación de medidas de protección para los periodistas.
Toda esta información se encuentra con detalle en ‘El desafío de informar en Colombia’. A partir de este informe, la FLIP pretende llamar la atención sobre las autoridades, para que se desarrollen tareas preventivas y se sancione a los autores de estos hechos; sobre las organizaciones que procuran la protección de la libertad de prensa, para que unan sus esfuerzos en su labor; y sobre la sociedad en general, a fin de dar a conocer la situación que padecen quienes día a día afrontan el desafío de informar en Colombia.
